Debido a los altos índices de suicidios registrados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que a nivel centroamericano es de 5.1 por 100,000 habitantes, y que en Panamá se mantiene 3.1, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.
Y tomando en consideración que sobre el suicidio hay un estigma social y legal, la cifra es dudable, al no existir registros estadísticos reales, lo que lleva a un subregistro erróneo que ocasiona una subestimación del tema para la población.
El Estado como ente asume su obligación y el Ministerio de Salud hace lo propio, presentando este proyecto de Ley, que busca prevenir este tipo de conductas, para lo que se desarrollará la Comisión Nacional para el “abordaje integral de las conductas suicidas”, ya que es una tarea que debe ser abordada de diferentes maneras y no solo ser responsabilidad del Ministerio de Salud (MINSA).
Por todo lo anterior al ser obligación del Estado velar por la salud de la población, debe asegurar que toda persona en estado de riesgo de conducta suicida tenga derecho a una atención integral, sea publica o privada, sin ningún tipo de discriminación, y sea por su condición física, socio económica, orientación sexual, identidad de género, edad, origen, nacionalidad, grupo étnico, cultura, creencias o cualquier otro motivo.
